La Laguna, Madrid y Cristóbal Montoro. José Luis Hernández

Sin pretenderlo, el ministro Cristóbal Montoro acaba de hermanar a las municipalidades de La Laguna y de Madrid por la vía de la intervención sobre sus cuentas, en el caso de esta última, por las bravas, y de facto, en el de nuestro municipio. Sin embargo, hay notables diferencias en la forma de afrontar la situación y en la propia figura de la intervención.

En el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez-Godiño, portavoz de CC, arremetió contra el Ayuntamiento de Madrid por esa intervención y, fruto de su ignorancia o quizá de la pasión descontrolada que le produce la acción emprendida por Montoro, llegó a decir que Manuela Carmena estaba aumentando la deuda de Madrid.

Lo cierto es que la alcaldesa de Ahora Madrid heredó una ciudad entrampada con 5.583 millones de euros, fruto no solo del derroche y la mala gestión de los gobiernos de Gallardón y Botella, sino también de situaciones relacionadas con la corrupción (caso contratos del Open de Tenis, caso Mercamadrid…, y aunque no gestiona directamente el agua de abasto, el caso Lezo, que investiga una trama de corrupción en Canal Isabel II que tiene ramificaciones en ese Ayuntamiento).

El Gobierno de Carmena, como lo demuestran los datos que publica el Banco de España, ha rebajado la deuda heredada en casi 2.000 millones. La previsión es que al final del mandato esa pesada herencia descienda el 67%, hasta unos 1.834 millones.

La forma en que Madrid está afrontando las finanzas municipales se puede resumir en tres puntos: crecimiento de la inversión en el 102%, incremento del gasto social en el 74% y reducción de la deuda en el 40%. Esto, sin lugar a dudas, es un éxito que demuestra que hay alternativas reales a las formas neoliberales de gestionar las finanzas de las administraciones locales.

Es una evidencia que en el PP le han cogido gusto a la aplicación del artículo 155 y que se están comportando como abusones de patio de colegio, amenazando a diestro y siniestro con repetir la medida donde haga falta, incluida la versión municipal. La intervención del Ayuntamiento madrileño además obedece a que no están dispuestos a permitir que pueda usar el superávit fruto de una buena gestión (1.000 millones de euros en 2016 y con elevadas tasas de ejecución presupuestaria) en inversiones sostenibles y necesarias para la población. El buen ejemplo desmontaría el mito de que la izquierda y la gestión económica están reñidas y eso podría tener reflejo en futuras elecciones.

En Madrid se ha demostrado no solo que se puede gestionar pensando en las mayorías sociales, sino que con la ley en la mano se puede afrontar la injusticia que supone la dictadura de la regla de gasto, medida estrella que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que promulgó Montoro en 2012 para meter en cintura a los ayuntamientos, a pesar de que estos no eran, ni lo son, las instituciones políticas más derrochadoras e incumplidoras (en su conjunto tienen superávit desde 2013, con ratios de cumplimiento de la regla de gasto y pago de la deuda muy superiores a las administraciones central y autonómicas).

La propia ley que ampara la regla de gasto permite sortearla sin necesidad de declararse en desacato. La fórmula está en incumplirla en una anualidad, para luego someterse en las dos siguientes a un riguroso Plan de Estabilidad Financiera. Con esto, si además se cumple con otros parámetros como el pago medio a proveedores (PMP), se conseguiría romper el techo de gasto, pudiéndose utilizar los superávits contables en inversiones financieramente sostenibles. Al final de esos dos años de ajustes se conseguiría tener un techo de gasto más elevado, acorde con la realidad de las cuentas municipales.

Justo eso es lo que se ha intentado en Madrid, donde el equipo económico dirigido por Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía y Hacienda, ha tenido la valentía de enfrentarse legalmente a Montoro y plantear lo que desde la propia Federación Española de Municipios le están exigiendo desde hace tiempo: que se acabe con la injusta imposición de la regla de gasto y que se deje de asfixiar a las administraciones locales responsables.

En La Laguna también se ha tenido que lidiar con una deuda importante, 105 millones de euros, en este caso generada por los gobiernos de Ana Oramas y Fernando Clavijo, en lo que hemos bautizado como “el boncho de Oramas y Clavijo”. En época de bonanza y vacas gordas, se dilapidó una fortuna para dejar el Ayuntamiento arruinado e intervenido de facto hasta el año 2023.

A pesar del mantra de CC de que esa deuda es el fruto de la construcción de centros ciudadanos e instalaciones deportivas, lo cierto es que una buena parte de la deuda que afloró en 2012 al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se corresponde con facturas pendientes de pago con las empresas prestadores de servicios (solo a Urbaser se le abonaron 26,7 millones de euros). Otra parte nada despreciable se puede tildar de deuda ilegítima (por ejemplo, más de nueve millones de euros en facturas de publicidad y propaganda).

El mal más visible de la pésima gestión presupuestaria en La Laguna es el PMP, cuyo tope máximo por la ley es de 30 días y que en septiembre estaba en 79,47 días, lo que nos convierte en una de las ciudades del Estado incluidas en el grupo de “cesión” (grandes administraciones locales como diputaciones, cabildos, capitales de provincias y ayuntamientos de más de 75.000 habitantes) que más incumple con ese parámetro económico.

Esta situación supone que no se puedan destinar los considerables remanentes de tesorería y el superávit contable a inversiones financieramente sostenibles. Además, como consecuencia de lo anterior, desde enero se tendría que haber aprobado en pleno las medidas a incluir en un Plan de Tesorería para evitar esta situación (medidas previstas en el artículo 13 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad y sostenibilidad financiera, que, entre otras, cosas exige “el compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que le permita generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad”).

Aunque se pretenda negar, esto supone una tutela y una intervención directa de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda, que no es más rigurosa porque el Gobierno lagunero ejerce la sumisión ante Montoro para no enfrentarse a la injusticia que supone el cumplimiento a rajatabla de la regla de gasto.

La Laguna, al contrario que Madrid, no se caracteriza por tener elevadas tasas de ejecución presupuestaria (por ejemplo, en 2016, en el área de Servicios Sociales se quedó sin ejecutar el 12% del presupuesto, más de dos millones de euros), por lo que se puede afirmar que buena parte de su importante superávit es fruto de no tener capacidad de gestión.

¿Y a qué se destinan en La Laguna el superávit y el remanente de tesorería? Al no poderlo dirigir a inversiones financieramente sostenibles (inversiones en bienes y servicios necesarios para el bienestar de la ciudadanía lagunera y en la creación de empleo), por no cumplir con el PMP, obligatoriamente, para alegría de Montoro, se tiene que utilizar para satisfacer la deuda adquirida con la banca privada. Así ha ocurrido este año, cuando se han destinado 24 millones de euros a cancelar deuda con La Caixa y el Banco de Santander.

En definitiva, Madrid ha sido capaz de reducir la enorme deuda heredada sin tocar la inversión social, generando superávit con una ejecución presupuestaria muy elevada, mientras que, por el contrario, en La Laguna, para reducir la deuda provocada por gobiernos de CC, se afecta el gasto social y la inversión, con una ejecución presupuestaria deficiente y un PMP insultantemente elevado.

 

José Luis Hernández es militante de Sí se puede en La Laguna y concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de esta ciudad. Puedes seguirlo en Twitter:@JLHDEZsisepuede

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